Por Mtro. Rafael Estrada Cano
Analista Político
La “teoría general de basura” cuestiona los sistemas oficiales de indicadores antipobreza, señalando cómo han sido moldeados por intelectuales orgánicos en distintos sexenios. La fragmentación social mexicana no es resultado de una realidad nueva, sino de una mirada limitada: seguimos observando con lentes antiguos un país que ya opera en redes complejas, donde lo social, lo económico y lo cultural confluyen.
México parece más enfocado en administrar la pobreza que en erradicarla. La entrega de apoyos directos ha crecido más de 100%, mientras que el ingreso por trabajo solo ha aumentado 13.2% en promedio. Esto genera una percepción de avance que no se sostiene en las variables estructurales: seguridad social, educación, nutrición y empleo formal.
El modelo vigente privilegia el flujo de efectivo por programas sociales sobre la creación de capacidades productivas. Así, la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 26.4% a 32.2% entre 2018 y 2024, evidenciando que el combate a la pobreza no se traduce en movilidad social, sino en dependencia institucional.
En contraste, China declaró en 2021 la erradicación de la pobreza extrema de más de 800 millones de personas y ha sostenido ese logro con políticas de desarrollo rural y prosperidad común. Hoy, más de 33 millones de personas que antes vivían en pobreza están empleadas, y los ingresos en esas regiones crecen por encima del 20% anual.
Mientras tanto, en Estados Unidos, más de 6.6 millones de personas de origen mexicano viven en pobreza. Paradójicamente, en un país con mayor PIB, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo: el 10% más pobre pierde apoyos sociales, mientras el 10% más rico gana más de 13 mil dólares anuales adicionales.
Medir el bienestar solo con el PIB es insuficiente. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) incorpora salud, educación, esperanza de vida y sostenibilidad ambiental, mostrando que el desarrollo debe medirse por la calidad de vida, no solo por el crecimiento económico. México requiere cambiar el enfoque: menos administración de la pobreza y más inversión en capacidades.
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