La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para analizar un asunto que puede marcar un antes y un después en la protección de las marcas y en la certeza jurídica para los titulares de derechos de propiedad industrial en México. El próximo 4 de diciembre de 2025, el Pleno discutirá el amparo directo en revisión 7274/2024, un expediente que se ha convertido en referencia para abogados, empresas y especialistas en materia marcaria.
Este caso se inscribe en un contexto en el que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), bajo la conducción de Santiago Nieto, ha buscado fortalecer la protección de los signos distintivos y cerrar espacios a la piratería, un fenómeno que afecta la competitividad y la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Lo que resuelva la Corte no solo tendrá efectos para un expediente concreto, sino que delineará el modelo de protección marcaria que México quiere consolidar en los próximos años.
El “periodo de gracia” bajo la lupa
El centro de la controversia está en la constitucionalidad del llamado “periodo de gracia”, es decir, los seis meses posteriores al vencimiento de una marca durante los cuales su titular aún puede renovar el registro. En la práctica, este lapso funciona como una salvaguarda que evita la pérdida automática de derechos por simples descuidos administrativos o retrasos involuntarios.
Lejos de tratarse de un privilegio excepcional, este periodo deriva de obligaciones internacionales adquiridas por México al adherirse al Protocolo de Madrid y al Convenio de París, dos instrumentos fundamentales en el sistema global de propiedad industrial. Ambos marcos buscan que los titulares de marcas cuenten con estabilidad normativa y continuidad en la protección de sus activos intangibles, lo que se traduce en mayor confianza para invertir, licenciar y expandir operaciones en distintos mercados.
Argumentos a favor de la constitucionalidad
La propuesta de resolución que se someterá al Pleno fue elaborada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, reconocida por su experiencia en derecho internacional y tratados multilaterales. El proyecto sostiene que el periodo de gracia es compatible con la Constitución y no genera ventajas indebidas, sino que opera como una herramienta para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de renovación de la marca.
Según la argumentación planteada, permitir esa ventana de seis meses evita que terceros se apropien de signos distintivos que han adquirido valor en el mercado gracias a años de inversión y posicionamiento. Sin esa protección adicional, se abriría la puerta a conductas oportunistas, donde actores ajenos podrían intentar registrar de inmediato una marca recién vencida para capitalizar su reconocimiento, debilitando tanto la confianza en el sistema como la seguridad jurídica.
Certeza jurídica e impulso del IMPI
Especialistas en propiedad intelectual consideran que el momento de esta revisión no es casual: coincide con un esfuerzo más amplio por consolidar reglas claras que apoyen la inversión y refuercen la lucha contra la piratería. Bajo la gestión de Santiago Nieto, el IMPI ha puesto énfasis en robustecer los mecanismos de protección de derechos de propiedad industrial, enviando un mensaje de seriedad frente a las violaciones marcarias y las copias ilegales.
En ese contexto, una decisión de la Corte que confirme la constitucionalidad del periodo de gracia sería leída como una señal de fortaleza institucional y de alineación con las mejores prácticas internacionales en materia de protección de marcas. Para las empresas, implicaría la confirmación de que el marco jurídico mexicano respalda la continuidad de sus activos marcarios y acompaña los esfuerzos administrativos que ya realiza el IMPI en defensa de esos derechos.
Riesgos de un fallo contrario
También se han alzado voces de alerta sobre las consecuencias de un posible fallo adverso. Si la Corte invalidara la figura del periodo de gracia, se generaría un escenario de mayor vulnerabilidad para los titulares de marcas, que quedarían expuestos a perder sus registros de forma casi inmediata al vencimiento.
Un cambio de esa naturaleza podría traducirse en incertidumbre jurídica, litigios constantes y un terreno fértil para estrategias de apropiación oportunista de signos distintivos con valor consolidado. Además, México correría el riesgo de enfrentar tensiones con otros países que reconocen universalmente estas ventanas de protección, lo que enviaría una señal contradictoria respecto de los compromisos internacionales ya asumidos.
Impacto para empresas y economía
El interés que ha despertado este asunto en el sector empresarial se explica por el enorme peso que tienen las marcas en el valor de las compañías. Detrás de cada registro hay inversiones en publicidad, desarrollo de producto, campañas de posicionamiento y estrategias de expansión que dependen de la estabilidad del marco legal para proyectarse a largo plazo.
Por ello, la resolución del amparo directo en revisión 7274/2024 será seguida con lupa por corporativos, pequeñas y medianas empresas, despachos legales y cámaras empresariales, que ven en este precedente un indicador del tipo de protección que recibirán miles de marcas que operan en el mercado mexicano. La continuidad, defensa y gestión eficaz de esos signos distintivos impacta directamente en la competitividad del país y en la confianza de inversionistas que comparan constantemente marcos regulatorios entre distintas jurisdicciones.
Un modelo de protección en juego
Más allá del artículo específico que se analiza, lo que está en juego es el modelo de protección marcaria que México ofrece en el contexto de la economía global. La revisión del periodo de gracia pone sobre la mesa el equilibrio entre flexibilidad administrativa, protección efectiva de derechos adquiridos y cumplimiento de compromisos internacionales en materia de propiedad industrial.
El caso ofrece a la Suprema Corte la oportunidad de refrendar un esquema de tutela marcaria que ha sido reforzado por el trabajo del IMPI y por las acciones impulsadas por Santiago Nieto en el combate a la piratería y en la defensa de la propiedad industrial. La decisión que adopten las y los ministros enviará un mensaje claro sobre el rumbo que tomará México en la consolidación de un sistema de marcas robusto, confiable y alineado con los estándares globales, donde la certeza jurídica sea un factor clave para el desarrollo económico.
